La crisis de nuestro sector inmobiliario era mucho más profunda de lo que se pensaba inicialmente, y sólo con medidas drásticas y definitivas es como podrá conseguirse que España pueda de nuevo iniciar el camino de la recuperación económica.
No se trata aquí de buscar culpables y responsables a esta crisis financiera-inmobiliaria, pues todos los operadores económicos que han actuado en este ámbito han tenido una parte de responsabilidad, incluidos los consumidores, que se vieron arrastrados por un sistema económico en donde el sector inmobiliario y el aumento del valor de los inmuebles constituía una ilusión y una burbuja ficticia en la que casi todo el mundo (bancos, empresas del sector, gobiernos y consumidores) acabaron creyendo.
Una vez analizadas con acierto por muchos economistas y expertos las causas de esta profunda crisis, se trata ahora de adoptar medidas que puedan ya considerarse definitivas, después de dos años de distintos ensayos, donde existen dos elementos que me parece que deben destacarse en el nuevo sistema financiero que se ha comenzado a vislumbrar: el final de las cajas de ahorros, y la asunción por todo el sistema (bancos, empresas del sector, gobiernos y consumidores) del coste de poner en su verdadero valor al sector inmobiliario.
El sistema financiero necesita de nuevo conseguir la liquidez que permita a las empresas y a los consumidores inyectar decenas de miles de millones de euros en el sistema, en forma de inversión y de adquisición de bienes, y para ello es absolutamente imprescindible que termine por digerirse la factura de la crisis inmobiliaria.
Esta vez debe ser la definitiva, y esperemos y deseemos que las medidas adoptadas sean acertadas y consigan este objetivo
En cuanto a las cajas de ahorros, aunque se ha perdido una oportunidad para que los Gobiernos estatal y autonómicos hubieran podido recaudar muchas decenas de miles de euros si la conversión de cajas en bancos se hubiera hecho de modo más inteligente, sin embargo debe reconocerse que las cajas no podían continuar funcionando con la falta de transparencia y de control que les han conducido al desastre en la gestión de muchas de ellas.
Su conversión en bancos será una oportunidad para que todo el sistema financiero pueda gestionarse con criterios de eficiencia.
Pero es absolutamente imprescindible instaurar códigos de buen gobierno y mecanismos de control y regulación y, al mismo tiempo, ante la concentración de todo el sistema financiero en 4 ó 5 grandes grupos, resulta también muy necesario aplicar la legislación española y europea antimonopolio.
Es muy probable que el nuevo sistema financiero acabe siendo mucho más eficiente que el que hemos tenido en los últimos 20 años, pero sólo se conseguirá este objetivo si los mecanismos de regulación son realmente eficaces.
Por ello, el papel de los organismos de control (autoridades comunitarias, Ministerio de Economía y Banco de España) es hoy determinante, y del modo en que éstos funcionen en el futuro dependerá que puedan preverse y evitarse futuras crisis como la que venimos padeciendo en estos últimos años.
Puede que necesitemos menos gobierno en cuanto al peso de lo público en el PIB, pero es imprescindible un mejor gobierno en la regulación de los mercados, lo que en el fondo paradójicamente debe suponer un reforzamiento de lo público y de los valores democráticos de nuestra Constitución económica española y europea.
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