Comentario Crisis Española

La crisis de nuestro sector inmobiliario era mucho más profunda de lo que se pensaba inicialmente, y sólo con medidas drásticas y definitivas es como podrá conseguirse que España pueda de nuevo iniciar el camino de la recuperación económica.

No se trata aquí de buscar culpables y responsables a esta crisis financiera-inmobiliaria, pues todos los operadores económicos que han actuado en este ámbito han tenido una parte de responsabilidad, incluidos los consumidores, que se vieron arrastrados por un sistema económico en donde el sector inmobiliario y el aumento del valor de los inmuebles constituía una ilusión y una burbuja ficticia en la que casi todo el mundo (bancos, empresas del sector, gobiernos y consumidores) acabaron creyendo.

Una vez analizadas con acierto por muchos economistas y expertos las causas de esta profunda crisis, se trata ahora de adoptar medidas que puedan ya considerarse definitivas, después de dos años de distintos ensayos, donde existen dos elementos que me parece que deben destacarse en el nuevo sistema financiero que se ha comenzado a vislumbrar: el final de las cajas de ahorros, y la asunción por todo el sistema (bancos, empresas del sector, gobiernos y consumidores) del coste de poner en su verdadero valor al sector inmobiliario.

El sistema financiero necesita de nuevo conseguir la liquidez que permita a las empresas y a los consumidores inyectar decenas de miles de millones de euros en el sistema, en forma de inversión y de adquisición de bienes, y para ello es absolutamente imprescindible que termine por digerirse la factura de la crisis inmobiliaria.

Esta vez debe ser la definitiva, y esperemos y deseemos que las medidas adoptadas sean acertadas y consigan este objetivo

En cuanto a las cajas de ahorros, aunque se ha perdido una oportunidad para que los Gobiernos estatal y autonómicos hubieran podido recaudar muchas decenas de miles de euros si la conversión de cajas en bancos se hubiera hecho de modo más inteligente, sin embargo debe reconocerse que las cajas no podían continuar funcionando con la falta de transparencia y de control que les han conducido al desastre en la gestión de muchas de ellas.

Su conversión en bancos será una oportunidad para que todo el sistema financiero pueda gestionarse con criterios de eficiencia.

Pero es absolutamente imprescindible instaurar códigos de buen gobierno y mecanismos de control y regulación y, al mismo tiempo, ante la concentración de todo el sistema financiero en 4 ó 5 grandes grupos, resulta también muy necesario aplicar la legislación española y europea antimonopolio.

Es muy probable que el nuevo sistema financiero acabe siendo mucho más eficiente que el que hemos tenido en los últimos 20 años, pero sólo se conseguirá este objetivo si los mecanismos de regulación son realmente eficaces.

Por ello, el papel de los organismos de control (autoridades comunitarias, Ministerio de Economía y Banco de España) es hoy determinante, y del modo en que éstos funcionen en el futuro dependerá que puedan preverse y evitarse futuras crisis como la que venimos padeciendo en estos últimos años.

Puede que necesitemos menos gobierno en cuanto al peso de lo público en el PIB, pero es imprescindible un mejor gobierno en la regulación de los mercados, lo que en el fondo paradójicamente debe suponer un reforzamiento de lo público y de los valores democráticos de nuestra Constitución económica española y europea.

Comentario Fraude Electoral

El fraude electoral es la intervención deliberada en un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales. Existen diversas técnicas practicadas para ejecutarlo, a continuación se mencionan algunas: Suplantación del elector, consiste en que otra persona vota en lugar del elector, por ejemplo, personas que han fallecido. Coacción al elector para impedirle que libremente elija el candidato o una opción propuesta.Robo de ánforas o paquetes electorales antes de que sean debidamente computados .Adulteración de las actas de la elección modificando los números de sus resultados reales.de paquetes electorales, actas, etc .Introducción de fajos de boletas previamente votadas en la urnas para inflar la votación de una candidatura, partido u opción electoral.(técnica conocida también como embarazo de urnas)Caída de los sistemas de cómputo en red para confundir a la opinión pública y manipular los resultados electrónicamente .Utilización de recursos ilícitos para aumentar el gasto de campaña y obtener ventaja ilegal en la publicidad. Complicidad con funcionarios de los procesos electorales para ocultar las evidencias del Fraude electoral .Intervención del Gobierno, para favorecer a un candidato, partido o propuesta electoral, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras concretas ofrecidas por el candidato o partido al que se quiere favorecer de manera fraudulenta. Control de los medios de comunicación para confundir y engañar a los electores haciéndolos creer que el resultado fraudulento es legítimo. Uso de la fuerza pública contra los inconformes .Manipulación de los sistemas de cómputo. Soborno de las personas que cuentan los votos .Voto cadena. Permite la compra de votos, el primero que entra a votar, pone otro sobre (no el autorizado, sino uno cualquiera) probablemente ese voto quedará impugnado, pero se lleva consigo el sobre válido. Luego introduce en él una boleta de su partido y lo cierra bien, luego puede organizar una cadena de votos asegurándose que son a su favor, aunque haya cuarto oscuro. A cada persona, le ofrece alguna recompensa, si trae el sobre vacío a cambio de llevarse el sobre lleno. De utilización frecuente en zonas de bajos recursos donde punteros políticos organizan la cadena.

Comentario La Desamortización

La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924).

Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar, en poder de las llamadas «manos muertas», es decir, la Iglesia Católica o las órdenes religiosas que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos. También los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública.

La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen para implantar el nuevoEstado liberal durante la primera mitad del siglo XIX.

Fue realizada en los reinados de Carlos III y Carlos IV entre 1766 y 1808. Se incluye la desamortización de Godoy y el ministro Miguel Cayetano Soler entre 1798 y 1808. Fue iniciada en 1798 cuando Carlos IV obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías que en conjunto venían a ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos. En ella se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios Mayores universitarios e incluía también bienes no explotados de particulares

José I Bonaparte realizó también una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814

Durante el Trienio liberal (1820–1823) se llevaron a cabo otras desamortizaciones tan poco ambiciosas como esta e igualmente deshechas tras la caída del régimen liberal. Las realmente importantes fueron, sobre todo, las de Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz.

La de Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón, en 1836, tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia social de España, aunque sus resultados fueron relativamente pobres.

Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, éstas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios pero pagables, en cambio, por las oligarquías muy adineradas que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.

Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo

Los terrenos desamortizados por el gobierno fueron únicamente eclesiásticos, principalmente aquellos que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran parte de las propiedades de la Iglesia, esta no recibió ninguna compensación a cambio. Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros.¹

El 2 de septiembre de 1841 el recién nombrado regente,  Espartero, impuso la desamortización de bienes del clero secular, proyecto que elaboró Pedro Surra Rull. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada.

En 1845, durante la Década Moderada, el Gobierno intentó restablecer las relaciones con la Iglesia, lo que lleva a la firma de el Concordato de 1851.

Consecuencias

Sociales

Si generalizáramos y dividiéramos España en una zona sur con predominio del latifundismo y una franja norte en la cual existe una mayoría de explotaciones rurales medias y pequeñas, podríamos concluir, de acuerdo con los trabajos de Richard Herr, que el resultado de la desamortización fue concentrar la propiedad en cada región en proporción al grado existente previamente, por lo que no se produjo un cambio radical en la estructura de la propiedad.Las parcelas pequeñas que se subastaron fueron compradas por los habitantes de localidades próximas, mientras que las de mayor tamaño las adquirieron personas más ricas que vivían generalmente en ciudades a mayor distancia de la propiedad.³

En la zona meridional de predominio latifundista, no existían pequeños agricultores que tuvieran recursos económicos suficientes para pujar en las subastas de grandes propiedades, con lo cual se reforzó el latifundismo. Sin embargo esto no ocurrió en términos generales en la franja norte del país.

Otra cuestión diferente es la privatización de los bienes comunales que pertenecían a los municipios. Muchos campesinos se vieron afectados al verse privados de unos recursos que contribuían a su subsistencia por lo cual se acentuó la tendencia emigratoria de la población rural que se dirigió a zonas industrializadas del país o a América. Este fenómeno migratorio alcanzó niveles muy altos a finales del siglo XIX y principios del XX.

Economicas

Saneamiento de la hacienda pública que ingresó más de 14.000 millones de reales procedentes de las subastas.

Se produjo un aumento de la superficie cultivada y de la productividad agrícola; asimismo se mejoraron y especializaron los cultivos gracias a nuevas inversiones de los propietarios. En Andalucía, por ejemplo, se extendió considerablemente el olivar y la vid. Todo ello sin embargo influyó negativamente en el aumento de la deforestación.

La mayoría de los pueblos sufrieron un revés económico que afectó negativamente a la economía de subsistencia, pues las tierras comunales que eran utilizadas fundamentalmente para pastos pasaron a manos privadas.

Culturales

Muchos cuadros y libros de monasterios fueron vendidos a precios bajos y acabaron en otros países, aunque gran parte de los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o universidades, aunque muchos fueron a para a manos particulares, que sin tener noción del valor real de los mismos, se perdieron para siempre. Quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico, como iglesias y monasterios, con la subsecuente ruina de los mismos, pero otros en cambio se transformaron en edificios públicos y fueron conservados para museos u otras instituciones.

Políticas e ideológicas

Uno de los objetivos de la desamortización fue permitir la consolidación del régimen liberal y que todos aquellos que compraran tierras formaran una nueva clase de pequeños y medianos propietarios adictos al régimen. Sin embargo no se consiguió este objetivo, al adquirir la mayor parte de las tierras desamortizadas, particularmente en el sur de España, los grandes propietarios, como ya se ha comentado.

Comentario del "Diezmo"

El diezmo es un impuesto  del diez por ciento (la décima parte de todas las ganancias) que se debía pagar a un rey, gobernante, o líder eclesiástico.

 Por lo que se refiere a España, la obligatoriedad del diezmo se introdujo a través de Aragón y Cataluña, regiones fronterizas con el Imperio carolingio. El pago del tributo se realizaba en especie y representaba un décimo de los frutos de la agricultura o ganadería obtenidos por el creyente. Existían dos categorías de diezmos: el mayor, que se aplicaba sobre los productos generales, como los cereales, vinos, aceites, vacas, ovejas, etc., y el menor, que comprendía los bienes más específicos: aves de corral, legumbres, hortalizas, miel, etc.

Los ingresos obtenidos eran recogidos por el “colector” y entregados a los párrocos, abades y obispos. Para facilitar este proceso los vecinos podían nombrar a un “dezmero”, que iba retirando los productos de las casas de los contribuyentes.

En ocasiones, la recaudación perdía su sentido originario al ser percibida por los señores feudales, como consecuencia de ser patronos de un monasterio o iglesia o de haber comprado los derechos recaudatorios a la Iglesia. Los diezmos se distribuían por tercios en función de su destino, un tercio se dedicaba a la construcción de iglesias, otro a sufragar los gastos del personal eclesiástico y, el último, a cubrir las necesidades capitulares. A pesar del nombre, el tipo aplicado variaba según los objetos gravados y las regiones, por lo que no siempre alcanzaba el diez por ciento. Tampoco se extendía a la totalidad de los productos agrícolas y ganaderos, lo que originó distorsiones del mercado al ampliarse de manera desmesurada los cultivos o la crianza de animales exentos de gravamen. El castigo más eficaz para evitar el fraude fue la excomunión, que no se levantaba hasta que el contribuyente pagara la totalidad de las cantidades debidas.

 En la Edad Media, los reyes consiguieron una participación en la recaudación de los diezmos de la Iglesia. El Rey Fernando III propuso al papa Inocencio IV la posibilidad de que la Hacienda Real obtuviese el tercio del diezmo que se destinaba a la construcción de las iglesias, con la finalidad de atender los gastos militares del asedio de Sevilla. Conseguida esta primera participación, que alcanzó las dos novenas partes del diezmo, la autorización pontificia fue renovándose, hasta convertirse en 1494 en un recurso permanente del Estado, conocido con el nombre de “tercias reales”.

 Felipe II de España consiguió otra nueva concesión, el "excusado", que consistía en reservar al monarca los rendimientos del diezmo obtenido por el mayor “dezmero” de cada parroquia. En este caso, los motivos de la participación eran los costes que suponían para la corona las guerras contra los infieles y los herejes.

 En 1837 se acordó la supresión de los diezmos en España, pero las necesidades de recursos para la Primera Guerra Carlista, obligaron a diferir la efectividad de la medida hasta la conclusión del conflicto. En 1841 nació la contribución de culto y clero que supuso, que el impuesto siguiese incidiendo aunque fuese con otro nombre.

 En la América dominada por el Imperio Español, debido a los acuerdos del Patronato Regio, el diezmo era cobrado directamente por los funcionarios civiles de la Corona, a condición que ésta se encargara de erigir, dotar y mantener las iglesias y parroquias y otras obras de la Iglesia Católica. Este impuesto, correspondiente al 10 por ciento aproximado de los ingresos anuales, era cobrado a hacendados y propietarios de inmuebles rurales. Al advenir la época de la Independencia, en el siglo XIX, los gobiernos de las nuevas repúblicas suprimieron paulatinamente este impuesto, considerado molesto por los terratenientes criollos.

Mapa de las divisiones administrativas antes de J.Burgos

Algunas de estas provincias aparecen por primera vez, como las de Almería y Málaga (desgajadas del tradicional Reino de Granada), Huelva (del Reino de Sevilla), Calatayud o Logroño, y otras aparecen con nombre nuevo como Murcia o las Provincias Vascongadas.

Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de población, extensión y coherencia geográfica. Hay una voluntad de superar los nombres históricos, prefiriéndose los de las ciudades capitales. Tampoco se respetan los límites tradicionales de las provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se conservan muchos enclaves cuando se hallan dentro del mismo. Este proyecto generó intensos debates por el número de provincias y la capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.

En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.

Mapa de las divisiones administrativas después de J.Burgos

Inmediatamente después de la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, la regente María Cristina de Borbón trató de llegar a un acuerdo con los partidarios de don Carlos María Isidro sin perder el apoyo, al otro lado, de los liberales. Esa fue la misión que le confió a Francisco Cea Bermúdez, líder de un gobierno que duró apenas tres meses. Sin embargo, aunque los esfuerzos por atraerse a los carlistas fueron vanos, su gobierno emprendió una reforma de gran envergadura, que sigue estando vigente en España más de siglo y medio después: la división de España en provincias.

Mediante una simple circular en noviembre de 1833 , su secretario de estado de Fomento, Javier de Burgos, creó un estado centralizado dividido en 49 provincias. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales (excepto cinco de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Asturias,con capital en Oviedo,Navarra, con capital en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián y Vizcaya con Bilbao)

El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud, Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital.